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El portavoz asturiano abordará la reforma constitucional, la electoral, el acuerdo sobre la PAC, la defensa de la industria, la Ley del sector público y las propuestas en materia social

Ángel González, portavoz de IU de Asturias en la Junta General, participará mañana lunes en una jornada interparlamentaria de representantes de IU en las distintas cámaras autonómicas y estatales que se desarrollará en el Parlamento andaluz, en Sevilla. González expondrá la reciente acción parlamentaria de IU de Asturias estableciendo algunos ejemplos de las iniciativas más significativas en la comunidad autónoma. Entre éstas se encuentra la reforma constitucional, a instancia de Democracia Directa, que supone una propuesta de reforma de los artículos 87.3, 92 y 166 de la Constitución española que tiene como objetivo fundamental mejorar los instrumentos que favorezcan una mayor y más completa participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas, a través de la iniciativa legislativa popular o del instituto del Referéndum. “La idea es que nuestra Constitución reconozca el derecho ciudadano para pedir la convocatoria de un referéndum, para decidir sobre la derogación de una ley o solicitar la reforma constitucional; también para presentar iniciativas iniciativas legislativas que permitan la modificación de leyes orgánicas, fundamentales para el funcionamiento del país o la legislación tributaria o la de carácter internacional”, explica el diputado de IU de Asturias. La iniciativa de IU seguirá el trámite previsto en los artículos 87.2 y 166 de la Constitución que habilita a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas para tener capacidad de iniciativa legislativa en las Cortes Generales.

La propuesta de reforma de la Ley Electoral también figura en el argumentario de Ángel González, presidente de la “Comisión Especial no Permanente de estudio, debate y en su caso, propuesta de reforma sobre el régimen electoral autonómico asturiano”. IU de Asturias tiene como finalidad abordar esta reforma el reducir los niveles de sobre-representación de las fuerzas políticas mayoritarias y de infra-representación de las minoritarias, de una manera similar a como ocurre en otras comunidades autónomas y en el conjunto del Estado con los distintos mecanismos de asignación de escaños establecidos en la LOREG.

La Política Agraria Común y el documento consensuado entre el Gobierno y el grupo parlamentario de IU de Asturias es otro asunto presente en el balance del grupo asturiano. Este documento es significativo dado que de forma inmediata se abrirá un proceso de discusión a nivel nacional que deberá desembocar, con mayor o menor consenso, entre la administración general del Estado y las comunidades autónomas, en un acuerdo que establezca el modelo de aplicación en España de la Política Agraria Común (PAC) en España para el periodo 2014-2020. “Este proceso cobrará una importancia mucho mayor en este periodo debido a que todo hace suponer que la nueva PAC se caracterizará por permitir una flexibilidad de adaptación a los distintos estados miembros en un grado hasta ahora desconocido”, sostiene el portavoz González. IU participó en la elaboración de este acuerdo para que el Gobierno asturiano pueda defender los criterios que mejor representen los intereses del sector agrario y de la sociedad asturiana en su conjunto, centrándose en aquellos puntos que serán objeto de discusión a la hora de establecer el modelo nacional de aplicación.

La Ley del Sector Público que el Gobierno de Asturias trató inicialmente de aprobar suponía una reducción significativa del sector público asturiano en la línea real de reducir de manera sustancial nuestro sector público autonómico, y junto a éste el empleo que lleva asociado, partiendo de un prejuicio ideológico sobre su mera existencia y favoreciendo su transferencia al sector privado. El grupo parlamentario de Izquierda Unida formuló enmienda a la totalidad, lo que supuso por parte del Gobierno la retirada de su proyecto y su sustitución por otro cuya filosofía fue radicalmente distinta. Se trató, no ya de reducir el sector público y “incorporar al ámbito privado del mercado actividades que no se consideran servicios esenciales para la comunidad mediante diversas técnicas” como rezaba la exposición de motivos inicial sino de racionalizar la estructura del sector público autonómico para mejorar su eficiencia “creando un sector público instrumental para la prestación de servicios públicos, el cumplimiento de actividades económicas al servicio de fines diversos, la administración de determinados bienes o la realización directa de actividades industriales, mercantiles u otras análogas de naturaleza y finalidades predominantemente económicas”, como dispuso finalmente la ley aprobada. Ello permitió el mantenimiento de buena parte de nuestro sector público autonómico, fusionado eso sí, algunas empresas y entes públicos para mejorar su gestión.

Una Asturias eminentemente industrial han centrado gran parte de la labor del grupo parlamentario asturiano. La defensa de sectores productivos básicos en un momento en que tanto la crisis económica como, sobre todo, las políticas de desmantelamiento del Gobierno Central pugnan por convertir en un desierto económico nuestras industrias tradicionales. “Hemos insistido en que el Gobierno de Asturias no puede renunciar a tener política industrial propia y a utilizar con inteligencia las competencias y recursos que puedan sustentarla”, explica el portavoz de IU de Asturias. Los ejemplos son claros, en los últimos tiempos se están poniendo en riesgo o, sencillamente, se están desmantelando empresas esenciales en esa configuración industrial de la Comunidad Autónoma. Así, y entre otros ejemplo, la empresa Santa Bárbara-General Dynamics, antigua fábrica de armas asentada tanto en la ciudad de Oviedo como en Trubia, la empresa Suzuky en Gijón, la propia siderurgia Arcelor y con enorme virulencia toda la industria minera, tanto la privada como la pública asentada en la empresa HUNOSA están padeciendo gravísimas situaciones que ponen en indudable riesgo su continuidad futura.

Las propuestas del grupo parlamentario en materia social están engarzadas íntimamente con las dos dos legislaturas pasadas que pueden definirse en Asturias por la puesta en marcha del Sistema Público de Servicios Sociales. Este avance se debe, en gran parte, al esfuerzo hecho desde el gobierno por Izquierda Unida a favor del reconocimiento de derechos sociales de las personas y de las garantías públicas para su cumplimiento. Sin embargo, tanto en la breve legislatura de Foro como también en la actualidad algunas de las políticas desarrolladas han servido para poner en riesgo todos estos avances. No es tampoco un asunto menor la voluntad privatizadora de la gestión de las infraestructuras sociales que se ha evidenciado, poniendo en riesgo la prevalencia de la gestión pública en este área. “Por eso tras el principal objetivo del grupo parlamentario en esta materia es controlar que el gobierno persevere en las políticas desarrolladas y exigir su rectificación en caso contrario”, dice Ángel González.

La traslación en forma de proposición de ley de la iniciativa de la Consejera de la Vivienda de Andalucía, en relación con la garantía de la función social de la vivienda fue vetada por el Gobierno de Asturias con el pretexto de su incidencia presupuestaria, y “nos permitió descubrir que para el PSOE asturiano lo que sirve para Andalucía no sirve para Asturias”, considera el portavoz asturiano, que puntualiza que esta proposición  de ley tendrá que ser abordada en la cámara para su entrada en vigor en 2014. No obstante, continúa, hemos tenido más éxito en la negociación presupuestaria que permitió incrementar en más de un 40 por ciento el presupuesto destinado al salario social o mantener los programas de empleo social vinculados a los planes de empleo municipales.