Gaspar Llamazares alerta de que la privatización puede afectar a más de 4.000 funcionarios y a la intimidad de los ciudadanos.
Izquierda Unida persistirá en su denuncia de las turbias relaciones que envuelven el proyecto del Gobierno de Mariano Rajoy de privatizar el Registro Civil, cuya gestión sería asumida por los Registradores Mercantiles, un pequeño colectivo que agrupa a poco más de 1.000 funcionarios -entre ellos el presidente del PP y del Gobierno, pero que, sin embargo, no cobran del Estado sino directamente de la ciudadanía sin que, hasta ahora, se aclare cuales son sus ingresos brutos por arancel y que, según diversas fuentes suponen, en muchos casos, para un mes, el salario que percibirían otros funcionarios de Carrera como jueces durante un año.
El diputado nacional Gaspar Llamazares, y el senador por Asturias, Jesús Iglesias, insistieron esta mañana en la necesidad de desentrañar el nuevo modelo de funcionamiento del Registro Civil y, al tiempo, poner coto a la actividad de los registradores mercantiles para dar transparencia a una función pública que vive casi de espaldas al Estado, salvo en la oposición para la plaza.
Gaspar Llamazares exigió al Gobierno que aclare su posición respecto a la privatización del Registro Civil, algo importantísimo a su juicio, porque "porque afecta a la intimidad de los ciudadanos, porque además afecta a más de 4.000 funcionarios". El diputado de IU alertó de la opacidad de un proceso en el que, dijo, "podemos encontrarnos ante unas turbias relaciones entre el registro e intereses desconocidos"
Ayer mismo, Izquierda Unida denunciaba las turbias relaciones que se han detectado en los procesos de ampliación de competencias de los Registradores Mercantiles, con contratos millonarios por precios superiores a los de mercado, así como lo que parece un conflicto de intereses entre altos cargos del Ministerio de Justicia encargados del pilotaje del cambio de modelo y que también serían registradores mercantiles, como el propio presidente del Gobierno de España.
