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El grupo parlamentario de IU se quedó solo esta mañana en la Junta General rechazando la modificación de la Ley del Salario Social y el reglamento que la acompaña que supondrá endurecer las condiciones de esta renta básica. El PSOE junto a los dos partidos de la derecha, Foro Asturias y el PP, votaron en contra de los dos puntos de la moción subsiguiente de IU que consideraba “innecesaria” la reforma legislativa propuesta por el Gobierno para agilizar la tramitación ya que “dicha reforma” parece más orientada a endurecer las condiciones de acceso y permanencia en la prestación que a lograr dicho objetivo. Del mismo modo, votaron en contra  del tercer punto que instaba al Consejo de Gobierno a eliminar del anunciado proyecto de reforma de la legislación en materia de Salario Social el endurecimiento de las condiciones de suspensión o extinción de la prestación, así como posponer las revisiones de oficio hasta tanto no se garantice que las solicitudes se resuelven en el plazo legalmente previsto. UPYD se abstuvo en ambos puntos.

La propuesta de IU sólo obtuvo la unanimidad en el primer punto de esta moción en  la que se demandaba al Gobierno que destine los recursos necesarios para eliminar en el plazo máximo de seis meses la lista de espera del Salario Social, garantizando que se resuelvan las solicitudes en el plazo que marca la ley.

Noemí Martín, responsable de asuntos sociales en el grupo parlamentario de IU, advirtió reiteradamente que IU jamás se negó a revisar la Ley del Salario Social ni su reglamento si el objetivo era mejorarlo. “Nunca este grupo se va a oponer a la reforma siempre que suponga un avance, pero nunca un retroceso en el derecho”, explicó en la Junta regional antes de sentenciar que  la reforma de la Consejería de Bienestar “supone un retroceso en el derecho”. También recordó que el reglamento impone unos requisitos a los perceptores de manera gradual y que si estos se endurecen no solo afectará a los titulares de la prestación que la incumplen, “sino a la de los familiares o menores a los que también hay que proteger”.

También reiteró que para agilizar el salario social, que ahora cuenta con más de 4.000 solicitudes en lista de espera, no hace falta modificar la normativa ya que ahora ya existe una plataforma informática para gestionarlo, además de un equipo de 50 personas para tramitar las solicitudes. A su juicio cumplir el periodo de gestión que marca la ley solo es cuestión de voluntad y de dotación económica.

Por último, Noemí Martín consideró que uno de los párrafos de reforma que plantea el Gobierno actualmente tal parece hecho por la Consejería de Hacienda  para compensar que el número de nuevas solicitudes que se agilicen tengan un número equivalente de incumplimientos para equilibrar.