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Marina Albiol y Ángela Vallina apoyan en Bruselas las denuncias que acusan al Gobierno de haber hecho una mala trasposición de la normativa europea, que quedar recogida en la Ley 4/2015. Urgen a la Comisión a aclarar este asunto e instan a la comisión de Peticiones a pedir explicaciones a Madrid.

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, y la eurodiputada Ángela Vallina han solicitado a la Comisión Europea que verifique lo antes posible si el Estado español está vulnerando las directivas 2011/92/UE y 2012/29/UE relativas a la lucha contra los abusos sexuales a menores y a la protección de las víctimas al haber hecho una trasposición defectuosa de ambas en la Ley 4/2015 tal y como ha denunciado esta tarde en la comisión de Peticiones de la Eurocámara Estrela Gómez Viñas, coordinadora de la Asociación Gallega contra el Maltrato a Menores (Agamme).

Durante el debate de la petición que ha presentado hoy, y sobre lo que la Comisión Europea ha reconocido que podría haber una vulneración de ambas normas, Vallina ha sostenido que la transposición “provoca la indefensión de los menores víctimas de abusos y de las personas que son víctimas de maltrato”, defendiendo que “las sospechas de las asociaciones están muy fundamentadas” e indican además la “obvia inexistencia de medios adecuados en los juzgados españoles”, como lo son “los equipos profesionales de tratamiento de víctimas o alojamientos de urgencia”. Al no haberlos “se puede estar vulnerado la Carta de Derechos Fundamentales de la UE”, ha advertido.

Vallina ha defendido mantener abierta la petición de Agamme “ya que hay que analizar la información que debemos pedir al Estado y estudiarla con detenimiento”, una vez que la Comisión Europea “emita su informe y nos den todas las explicaciones”. “Es un tema muy delicado y que debemos solucionar”, ha expresado.

Por su parte, Albiol ha mostrado también su apoyo a la peticionaria y ha criticado a la Comisión Europea por la lentitud que está demostrando con este tema. “La propia Comisión dice que podemos estar ante un incumplimiento de la normativa europea, pero lo que debemos pedirle es más rapidez, ya que esta petición se registró en 2015 y dos años después no son capaces de darnos una respuesta y nos siguen instando a que esperemos a que se comuniquen con las autoridades españolas”, ha denunciado.

Pero además de esto “lo que pediría es que también desde la propia comisión de Peticiones nos pongamos en contacto con el Gobierno español, para tratar de acelerar los procedimientos, y que les mostremos nuestra preocupación y les pidamos explicaciones desde el Parlamento Europeo”.

Tras el debate, ambas exigencias de las eurodiputadas han sido atendidas por la comisión, que además de “hacer un seguimiento más exhaustivo del caso” se dirigirá a las autoridades españolas por carta.