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23/03/2018

La Junta demanda al Gobierno la incorporación de los técnicos de integración social en la administración y el sector público

La proposición No de Ley de IU fue aprobada por unanimidad

La Junta General insta al Gobierno a la incorporación en la administración pública y en el sector público autonómico de la categoría profesional de Técnico de Integración Social como base de calidad de atención en los servicios públicos y en defensa de una titulación específica que se imparte en Asturias desde hace más de 20 años. En la Proposición No de Ley que presentó IU, apoyada por unanimidad por el resto de los grupos, también se incluye la incorporación en las distintas convocatorias, concursos y subvenciones promovidas por la administración pública y su sector público para el desarrollo de programas dirigidos directamente a la intervención social en materia de empleo, sanidad, educación y servicios sociales, las titulaciones necesarias para ocupar los puestos que vayan a desarrollar las tareas que se promuevan en los mismos. Esa titulación necesaria será asignada en función de las competencias que se vayan a desarrollar y estas están recogidas en el marco legal vigente de cada titulación.

Asturias cuenta desde el año 1995 con la titulación de Técnico Superior en Integración Social que es impartido en tres centros públicos: IES Río Trubia de Trubia Oviedo, IES Carreño Miranda de Avilés y el IES de Roces, Gijón, disciplina en la que se habrían titulado, según la asociación APAIS, cerca de 1000 profesionales, recordó la diputada de IU, Marta Pulgar, encargada de defender la Proposición No de Ley de IU.

Pulgar apuntó el amplio espectro de tareas que pueden llevar a cabo estos titulados de Formación Profesional que, sin embargo, se ven abocados a trabajar en el Tercer Sector o presentarse a convocatorias de auxiliar educador en el sector público, plazas por debajo de su cualificación. No ocurre así en otras comunidades autónomas como País Vasco, Cataluña o Andalucía donde han visto reconocidas su categoría profesional. Se trata, también, de incorporar a la negociación colectiva en la administración y el sector público esta categoría profesional porque si no está reconocido no pueden ni desarrollar sus prácticas profesionales en centros públicos, sino privados.

La propuesta, dijo Pulgar, va mas allá de la salida profesional de un colectivo, porque cuando se habla de servicios público hay que hablar de la calidad de los servicios que va directamente relacionada con la especialización. “Ese plus de calidad lo da la especialidad”, explicó Pulgar.

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