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MOCIÓN SOBRE EL RECORTE PENSIONES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El último 30 de noviembre el Consejo de ministros el gobierno aprobó por Real Decreto-Ley que no iba a revalorizar las pensiones de acuerdo al Índice de Precios al Consumo. El coste de la revalorización de las pensiones sería de unos 3.800 millones de euros.

Del importe total, la mitad (1.900 millones) habría sido para compensar la perdida de poder adquisitivo de este año y la otra mitad para consolidar el alza de la pensión en 2013.

Este Real Decreto-Ley deja sin efecto el derecho de actualización de las pensiones correspondiente al ejercicio 2012 y, por tanto, nos encontramos ante una privación de derechos contraria a la Constitución por infringir los principios de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos  individuales, de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 de la Constitución Española).

De acuerdo con lo establecido por la Ley General de Seguridad Social, las pensiones contributivas deben ser actualizadas conforme el Índice de precios al consumo acumulado entre noviembre de 2011 y noviembre de 2012, si éste ha resultado superior al tomado para la revalorización practicada a principios de año.

La actualización de las pensiones fue una de las claves más importantes si no la principal del programa electoral con el que concurrió el Partido Popular a las elecciones del 20 de noviembre del pasado año. Y ha sido también transgredida en la segunda ocasión que se le ha presentado al Gobierno de adoptar una decisión sobre el principal capítulo de gasto del presupuesto. El año pasado, nada más llegar al poder, el Ejecutivo conservador decretó una subida del 1% de las pensiones para 2012.

El incumplimiento de esta promesa electoral se une así a otras tantas en materia fiscal como la subida generalizada de impuestos directos (IRPF, rentas de capital, IBI, etc), el aumento del IVA, el abaratamiento de los despidos mediante la reforma laboral, el copago sanitario, el incremento de tasas universitarias o la amnistía fiscal. De hecho, tanto el presidente Rajoy como otros miembros de su gabinete han pronunciado públicamente en numerosas ocasiones a lo largo de todo 2012 apostando por la compensación a los pensionistas. Y se han agarrado a la revalorización de las pensiones como la única línea roja que no estaban dispuestos a cruzar para la austeridad. Además, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso del 8 de noviembre aseguró que actualizaría las pensiones de acuerdo a la inflación de noviembre.

La decisión de aumentar en un 1% y en un 2% para las pensiones inferiores a 1.000 euros es insuficiente para compensar el aumento de inflación.

A la no actualización real de las pensiones se deben sumar los recortes en temas sociales, las tasas, el copago,… Esta medida no va a aportar la salida a la crisis, así que no tiene ningún sentido y sólo servirá para disminuir cada vez más el poder adquisitivo de los pensionistas.

El Ayuntamiento de Avilés ACUERDA:

1.         Mostrar nuestro desacuerdo con la decisión del ejecutivo de no revalorizar las pensiones.

2.         Instar al Gobierno a que revaloricen las pensiones para compensar la inflación.

3.         Instar a la Defensora del Pueblo a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del Gobierno de no aplicar, con efectos retroactivos, la obligación legal de revalorizar las pensiones.

4.         Dar traslado de estos acuerdos:

-           Al Presidente del Gobierno.

-           El Ministro de Hacienda.

-           A la defensora del pueblo.

-           A la ministra de Trabajo y Seguridad Social.

-           A los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.

En,  Avilés  a 14 de  diciembre de 2012

Fdo. Alejandro Cueli Obaya

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