6 de Octubre de 2011
Llamazares exige la dimisión de Ordóñez por permitir la «malversación de fondos» en las cajas «quebradas»
Critica que «el general secretario», por Francisco Alvarez Cascos, acabe en Asturias con los medios de comunicación
(EUROPA PRESS) El diputado de Izquierda Unida en el Congreso y cabeza de lista de la coalición por Asturias, Gaspar Llamazares, ha exigido este miércoles al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que dimita por haber permitido que las cajas de ahorro «quebradas», que han tenido que ser rescatadas por el Estado, hayan incurrido en la «malversación de fondos públicos» para que se «forrasen» sus directivos. «Debería dimitir por vergüenza torera», ha sentenciado Llamazares, quien ha denunciado que los «miles de millones» que se han dedicado al saneamiento del sector financiero, en lugar de servir para que fluya el crédito a la economía real, se han utilizado para «recuperar y forrar a los directivos de las cajas de ahorro fracasadas».
Y todo esto, según Llamazares, se ha producido «con el beneplácito del gobernador del Banco de España y da impresión de que también con el del Gobierno». Desde su punto de vista, la reestructuración del sector bancario ha supuesto un «fracaso palmario» sin «ningún tipo de paliativos» del que deben derivarse «responsabilidades».
TAMBIÉN RESPONSABILIDADES PENALES
Por eso, Llamazares se ha dirigido al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, para pedirle que la Fiscalía Anticorrupción investigue los «emolumentos escandalosos» que se han autoadjudicado los exdirectivos de algunas entidades como la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Novacaixagalicia.
«Se ha producido una malversación de los fondos públicos destinados al saneamiento de las cajas para el enriquecimiento de unos pocos», ha resumido Llamazares, incidiendo en que se deben asumir «responsabilidades políticas y penales» por ello. Un día después de que se conocieran los datos del PARO de septiembre, que registran un aumento de 95.817 personas, hasta alcanzar los 4.226.744 parados, Llamazares ha dicho que esas cifras demuestran «el fracaso de las políticas de ajuste y políticas laborales del Gobierno, compartidas por la derecha, pero con más intensidad».
COBRAR EL PARO ES UN DERECHO
En relación con las últimas declaraciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, sobre la cobertura de los trabajadores, Llamazares ha recordado al PP que las prestaciones por desempleo «son un derecho por el que los trabajadores han contribuido y que ni ella ni el PP les pueden hurtar». Asimismo, ha advertido de que la propuesta de Cospedal de igualar a los empleados en derechos y prestaciones consiste en «igualarlos por abajo, por el mínimo».
Llamazares sostiene que «los recortes llevan a la recesión» y ha dicho que ahora el PSOE y el PP «se están repartiendo los papeles», porque la vicepresidenta económica, Elena Salgado, «tira la piedra y esconde la mano», al exigir los recortes que luego llevan a cabo los presidentes autonómicos, mayoritariamente del PP. Así, ha criticado que la Generalitat de Cataluña opte por recortar la sanidad pública, que el Gobierno de Esperanza Aguirre ‘cargue’ contra la educación en Madrid y que «el general secretario», por Francisco Alvarez CASCOS, acabe en Asturias con los medios de comunicación.
Cayo Lara asegura que “o se cambia el modelo económico o nos hundimos más”
Indicó que PP, PSOE, y Convergencia i Unió (CiU) “criminalizan” a los parados al asegurar que “se está pagando mucho por el paro”, cuando precisamente estos partidos “son responsables de la situación de desempleo que hay en España”.
Lara valoró que la crisis es fruto de un modelo de “desarrollo especulativo”, del alto grado de fraude fiscal, de las rebajas fiscales a los ricos y de la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio por parte del Gobierno.
Ante esta situación, ha asegurado que “hay una salida diferente y posible” a la crisis que viene reflejada en los planes de empleo, apoyo a pequeñas y medianas empresas (pymes) y lucha contra el fraude que ha elaborado IU.
Ha abogado por la creación de una Banca Pública que, de existir en estos momentos, “no estaríamos como estamos, ni las pymes estarían tan asfixiadas”.
Opinó, además, que la Fiscalía del Estado “tiene que trabajar a fondo” sobre los blindajes de sueldos y pensiones de los directivos de las cajas de ahorro intervenidas por el FROP, y ha criticado el papel del Banco de España “por mirar hacia otro lado” sobre este asunto.
Por otro lado, ha defendido la dación en pago y el establecimiento de un modelo por el que se alquile la vivienda al propietario que no puede pagar su hipoteca por un precio asumible hasta que pueda sufragarla.
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La fiscalidad ética de IU, de Juan Carlos Escudier en Público
Como existe una tendencia a tomar a IU a chirigota, nadie ha hecho demasiado caso a la batería de propuestas fiscales que presentó este lunes, de las que bien podría aprender algo Rubalcaba ahora que ha reparado en que la socialdemocracia existe, por lo menos en las campañas electorales. Muchas de la iniciativas son de sentido común, y aunque no faltará quien argumente que con algunas de ellas los grandes capitales huirían del país a la carrera, no es menos cierto que el dinero tiene querencia a la fuga haya o no causa justificada.
Más allá de plantear nuevos tramos de IRPF a la rentas más altas o de pedir que las grandes empresas contribuyan más por sus beneficios, se recuperan planteamientos novedosos, como el de hacer tributar los rendimientos del capital al mismo tipo que los del trabajo en un única tarifa progresiva. A los que la medida les parezca revolucionaria o bolchevique sepan que ya fue recogida por el PSOE en su programa electoral de 2004, para ser olvidada después para siempre jamás.
Es posible que IU peque de ingenuidad, y que a la vicepresidenta Salgado le haya entrado la risa floja al leer que los de Cayo Lara reclaman un impuesto especial a los movimientos de capitales con paraísos fiscales. En realidad, es de risa que, formalmente, el Gobierno abandere la lucha contra estos territorios y que, en su patriótico intento para que se compre nuestra deuda soberana, haya exonerado de tributar por sus rendimientos a los capitales procedentes de esos paraísos. En definitiva, si un narcotraficante con cuenta en la Isla de Jersey quiere comprar letras del Tesoro, no sólo puede hacerlo sino que, además, está exento de declarar la plusvalía.
¿Es maximalista pretender eliminar los billetes de 500 euros o reducir a 1.000 euros el importe máximo que se puede pagar en efectivo? Puede. ¿Es poco realista exigir que nadie pueda poseer en una Sicav más del 2% del capital? Quizás. ¿Es atrevido proponer que la declaración por módulos se limite a tres años porque es un coladero de fraude? Tal vez. Lo innegable es que, aun ingenuo, maximalista y atrevido, el plan de IU es ético.
