El derecho a la defensa
10 de febrero de 2012
El derecho a la defensa, de Mercedes Gallizo Llamas en El PaÃs
El derecho a la defensa debe ser sagrado en una democracia. Es la garantÃa de que todas las personas deben poder defender sus derechos ante la imputación de un delito. Pero la democracia requiere que los derechos, incluso los más sagrados, no se sitúen al margen de la justicia, ni de la igualdad, ni de la propia democracia.
La ley debe ser igual para todos. Si no fuese asÃ, perderÃa su legitimidad. VolverÃamos a un mundo, a una sociedad en la que quien tiene recursos sortearÃa todos los obstáculos que la vida le ponga delante y actuarÃa con la impunidad que le da saberse poderoso. La condición social de los imputados no deberÃa condicionar el ejercicio de sus derechos. Pero no es asÃ. Quien no tiene medios no puede ejercitar ese derecho en las mismas condiciones que quien los tiene. Aunque existe el derecho a la justicia gratuita, la falta de medios hace que se desarrolle con enormes limitaciones. Y más en estos tiempos. Algunos abogados del turno de oficio tardan meses o años en cobrar los exiguos emolumentos que la Administración les proporciona por desarrollar su tarea.
De la mano de estas limitaciones, hemos visto incrementarse los juicios de conformidad, en los que muchas personas aceptan condenas algo menos abultadas de la petición inicial por miedo a no poder costear la demostración de su inocencia. Antes no soportábamos la idea de que un inocente estuviese en la cárcel. Nos parecÃa mucho más difÃcil de asimilar que el hecho de que diez culpables estuviesen en libertad. Ahora no soportamos que alguien aparentemente culpable no esté en la cárcel, sin preocuparnos de las garantÃas que deben proteger su presunción de inocencia.
Las cárceles están habitadas mayoritariamente por personas pobres. Es verdad que la pobreza y la marginalidad son caldo de cultivo de conductas antisociales, pero el porcentaje de maldad humana que hay en nuestras sociedades no se corresponde con las que pagan por ello.
Nada mueve más al desconsuelo de quienes queremos creer en la justicia real, además de creer en la Justicia con mayúsculas, que ver cómo los poderosos manipulan los recursos que el Estado de derecho pone al servicio de todos, haciéndolos servir a sus intereses. No hay nada que produzca más desolación que ver cómo se condena a un juez, en nombre de los sagrados principios de la justicia, en un proceso tan condicionado por los intereses.
Intereses corporativos, en primer lugar. Es inaceptable que se defienda a gente que tiene comportamientos inaceptables solo porque forman parte de un colectivo respetable. La mayorÃa de los abogados, como la mayorÃa de los jueces y de los policÃas, incluyendo a sus máximos responsables, saben que bajo la respetable toga de algunos abogados se esconden intereses no respetables. Hace mucho tiempo que todos los operadores policiales y jurÃdicos saben que serÃan imposibles la mayor parte de las operaciones de saqueo de dinero público, de fraudes a la hacienda pública, de fuga de capitales a paraÃsos fiscales, de ocultación de bienes a través de testaferros, de blanqueo de capitales, de corrupción de responsables públicos… si no formase parte de esas redes un entramado técnico-legal que les da cobertura, que obtiene suculentos beneficios de ellas, y que —en ocasiones— acaba situándose en la cúspide de las mismas. Y que se jacta de su influencia en todos los niveles de la justicia.
Cualquiera que se mueva en este mundo sabe de esto. Sabe que también existe corrupción en algunos aledaños de instituciones que deberÃan ser intocables. Muy minoritaria, pero muy efectiva.
Hay quien piensa que con el juicio y la sentencia sobre las escuchas de la Gürtel se está castigando a un juez singular, egocéntrico, ambicioso, poco cuidadoso con los procedimientos… Yo no lo creo. Se están santificando las reglas de un juego repugnante: el de la utilización de los principios del Estado de derecho para blindar hasta el infinito la cobertura legal de la delincuencia organizada de altos vuelos.
Cuando un imputado recibe en prisión la visita diaria de una corte de abogados de minutas millonarias, la mayor parte de los cuales no están personados en ninguna de sus causas, sin limitación de tiempo, sin control de sus actividades reales, hay quien quiere pensar que está asesorándose para su mejor defensa. Algunos no lo creen y deciden investigar. No hay mucha gente que se atreva a hacerlo. Casi nadie. A partir de hoy, mucho menos.
Un Estado implacable con los débiles y débil con los poderosos pervierte el sentido de la justicia, del derecho y de las leyes. Alguien deberÃa pensar sobre esto.
Mercedes Gallizo Llamas era directora general de Instituciones Penitenciarias cuando se produjeron las escuchas del caso Gürtel.