Resolución del Consejo Escolar Municipal de Carreño
4 de mayo de 2012
En dos años se han reducido 3.400 millones de euros en inversión en Educación. A ello hay que añadir los ajustes aprobados ahora por el Consejo de Ministros. En los PGE para el año 2012 se nos anuncia un recorte presupuestario adicional de 10.000 millones en sanidad y educación.
Desde el año 2009 las administraciones educativas han reducido su presupuesto en 4.500 millones, cifra a la que se suma el recorte de un 22% en los PGE de este año, junto al saqueo adicional de 3.000 millones que el gobierno pretende imponer a las CCAA. A consecuencia de ello, sólo en el curso 2011-2012 se han perdido 11.000 plazas de profesorado y los sindicatos alertan de 100.000 nuevos despidos para el próximo curso, si se aplican los recortes anunciados.
Van a recortar 3.000 millones en educación a base de aumentar el número de alumnos por aula, de reducir las plantillas a través de incrementar la jornada de los docentes, de paralizar la aplicación de determinados ciclos formativos, de incrementar las tasas universitarias,…
Estos recortes están consiguiendo una “desmotivación total” en el profesorado, “fundamental” para una mejor educación de los niño/as, son un brutal ataque a la educación pública.
Supondrán un retroceso de décadas en el sistema público de Educación, deteriorarán la calidad de la enseñanza, la perdida de miles de puestos de trabajo, el aumento del número de alumnos/as por aula acarreará un deterioro de la calidad educativa, la no obligatoriedad de los institutos de secundaria, de ofertar las dos ramas de bachillerato, fomentará la desigualdad. Todos estos recortes son una seria amenaza contra la educación pública de nuestro país y los más perjudicados serán las generaciones futuras.
Los recortes emprendidos se destinan a sostener a la Banca, a la Iglesia y al Ejército, en lo que es “una decisión ideológica”.
Violan la Constitución, porque se empobrece más a la sociedad, económica y culturalmente. Aumentan las desigualdades y la dualidad social en nuestro país; niegan la fuerza del conocimiento y van en sentido contrario a cómo caminan las sociedades más avanzadas, no ayudan a que tengamos un cambio de modelo productivo en España. Ningún cambio será posible si no se invierte más en Educación Pública.
El problema añadido es que el PP está en el inicio del inicio de esta contrarreforma, en lo que ellos denominan ‘kilómetro 0’ y ya se nos advierte que solo es el comienzo, que los recortes de verdad todavía están por llegar.
Es de un cinismo insultante que el ministro afirme que los recortes no afectarán a la calidad de la educación. Toda la comunidad científica internacional que entiende de la materia opina que la calidad depende del esfuerzo inversor, de la ratio de alumnos/aula y del reconocimiento social y salarial del profesorado. Aquí se va a hacer exactamente lo contrario de lo que es necesario para mantener y mejorar la calidad educativa.
La sociedad no puede quedarse con los brazos cruzados ante los recortes. No podemos ser cómplices silenciosos del mayor retroceso en derechos de nuestra historia.
Ya está bien. Quieren acabar con todo.
Este Consejo Escolar Municipal solicita que el Pleno del Ayuntamiento de Carreño exija al Gobierno de la nación:
1º Que nuestros impuestos se dediquen en la cuantía necesaria a financiar los servicios públicos fundamentales, y muy en concreto la Educación Pública, mediante una Ley de Financiación del Sistema Público Educativo que garantice la suficiencia de recursos, hasta alcanzar el 7% de PIB en gasto público en educación, para hacer realidad la mejora de la enseñanza pública y el derecho universal a una educación de calidad en condiciones de igualdad.
2º Que reduzca y no incremente el número de estudiantes por grupo y por profesor; que potencie y no suprima la acción tutorial; que dote de servicios de orientación a todos los centros públicos de Infantil, Primaria y Secundaria; que incorpore nuevos perfiles profesionales, como educadores y trabajadores sociales, mediadores interculturales, etc.; que garantice un sistema integral de becas y ayudas al estudio, así como la gratuidad de los libros o materiales didácticos y de los comedores escolares; que establezca comisiones de escolarización permanentes y centralizadas, para evitar la selección del alumnado por los centros. Pero también que destierre toda forma de adoctrinamiento, empezando por sacar las enseñanzas confesionales del currículo y la simbología religiosa de todos los centros financiados con fondos públicos.