Dación en pago, proposición de IU Asturias
24 de julio de 2012
PROPOSICIÓN NO DE LEY
1º.- La Junta General del Principado exige a las entidades financieras, que operan en nuestra Comunidad Autónoma, particularmente a Cajastur que se adhieran al Código de Buenas Prácticas establecido por el Real Decreto Ley 6/2012 de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, ampliando sus beneficiarios y flexibilizando sus requisitos de acceso, de tal manera que en esas situaciones las entidades financieras acepten como pago y con carácter liberatorio de la totalidad de la deuda hipotecaria la dación de la vivienda que garantiza el crédito y formalicen con los deudores contratos de alquiler social.
2º.- La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a que pida al Gobierno de la nación que impulse con celeridad y urgencia, hasta su aprobación, cuantas disposiciones sean precisas para la regulación del mercado de los préstamos para adquisición de la vivienda habitual con garantía hipotecaria, así como para la protección y auxilio de las familias afectadas, en riesgo de menoscabo grave de su patrimonio por la ejecución de dichas garantías, configuradas en lo sustancial y cuando menos por las siguientes medidas:
l) Como reforma y mejora de las Administraciones Públicas e instituciones con competencias o facultades en este campo:
a. La creación de un organismo público de supervisión, control y regulación de las tasaciones de los bienes inmuebles entregados como garantía hipotecaria que constituyan la vivienda habitual, dotado de medios humanos y materiales suficientes, y con potestades sancionadoras.
b. La constitución de un fondo de garantía hipotecaria, con participación de las Administraciones general del Estado, autonómicas y locales, los agentes sociales y las asociaciones de consumidores y entidades financieras, dirigido especialmente a la ayuda y salvaguarda del patrimonio de las familias en especiales dificultades económicas frente a una ejecución hipotecaria.
c. El establecimiento de un equipo de asesoramiento y arbitraje en las Administraciones Públicas con competencias en materia de consumo, que tenga entre sus fines proporcionar la información necesaria sobre las cláusulas de los créditos hipotecarios, arbitrar acuerdos de moratoria de su ejecución y la imposición de alquileres sustitutivos en la propia vivienda.
II) Como protección extraordinaria ante la situación de alarma social existente, la suspensión inmediata de la ejecución de los embargos por impago de las cuotas de los préstamos otorgados con garantía hipotecaria de ciudadanos en situación de desempleo, cuando afecte a su vivienda habitual.
III) Como reforma legislativa, la promulgación de normativa que comprenda:
a. La institución de la “dación en pago de la vivienda” con plenos efectos liberatorios de la totalidad de la deuda hipotecaria en los supuestos en que se trate de la única vivienda familiar y residencia habitual.
b. La inclusión en las condiciones generales de contratación de los préstamos con garantía hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual de la figura de la “dación en pago de la vivienda” y la condonación parcial, con dicha entrega, de la deuda, como requisitos de acceso de las entidades financieras a los créditos ICO para su prestación y a las ayudas públicas en general.
c. La disposición de una normativa transitoria que permita a los ciudadanos que hayan padecido un procedimiento de ejecución hipotecaria, con pérdida de la vivienda que constituye su residencia habitual, la condonación de la deuda pendiente de liquidación.
d. La habilitación de un período mínimo de dos meses en los procedimientos de embargo en curso para que el deudor pueda personarse alegando las condiciones abusivas o en fraude de ley que, en su caso, puedan existir en las cláusulas de sus contratos de crédito hipotecario.
e. La consideración en el procedimiento judicial de embargo del análisis de los riesgos existentes en el momento de la concesión del crédito, de acuerdo con las garantías reales que podría ofrecer el deudor, de la gestión de riesgos aplicada por la entidad financiera en el crédito y de la limitación de la responsabilidad a esas garantías.
f. El reconocimiento de la subsistencia del derecho de uso a la vivienda habitual por un período mínimo de cinco años, mediante un alquiler que no podrá ser superior a un tercio de los ingresos de la unidad familiar que reside en la vivienda y, en ningún caso, a la cuota mensual convenida para el préstamo.
g. La configuración de un seguro de garantía de pago hipotecario para la vivienda habitual, de carácter obligatorio, que atienda las situaciones acreditadas de insolvencia del prestatario.
3º. La Junta General del Principado insta al Consejo de Gobierno a que modifique el Decreto 30/2003 de 30 de abril por el que se regula la adjudicación de viviendas promovidas por el Principado de Asturias para incorporar la situación de desahucio hipotecario como causa de emergencia social para acceder a una vivienda.
Palacio de la Junta General, 23 de julio de 2012.
Noemí Martín González
Portavoz Adjunta.
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Carta a Manuel Menéndez, presidente de Cajastur, de Manuel González Orviz
Sr. Presidente:
Me dirijo a usted en mi calidad de coordinador de Izquierda Unida de Asturias pero también de ciudadano asturiano preocupado e indignado por la situación que está atravesando Jorge Cordero y su familia. Como usted sin duda no desconocerá, Jorge Cordero es la persona que desde hace un mes está manteniendo una huelga de hambre frente a la puerta principal de la entidad que usted preside para denunciar, no que haya sido desahuciado de su vivienda al no poder hacer frente a las cuotas derivadas de la hipoteca suscrita con Cajastur, sino que como consecuencia de la delirante legislación de nuestro país y de la falta de sensibilidad de la entidad financiera, lo que era una deuda hipotecaria de apenas la mitad del valor de la última tasación de su vivienda y garantizada por esta se ha convertido en una insoportable carga de más de 50.000 euros tras haberse adjudicado Cajastur su vivienda por apenas una tercera parte de ese último valor de tasación.
Así las cosas, señor Menéndez, Jorge Cordero y su familia se han quedado sin vivienda y sin futuro, y no precisamente por haber tenido un comportamiento irresponsable, sino por haberse creído que podía convertirse en un emprendedor, trabajando duro y que ese esfuerzo honrado le permitiría salir adelante e incluso prosperar. A Jorge Cordero, como a otros muchos autónomos, pequeños empresarios y trabajadores, la crisis y la irresponsabilidad fraudulenta de algunos llamados empresarios le ha llevado por delante buena parte de ese sueño. Pero no se engañe, la aplicación impasible y estricta de la legislación hipotecaria, más allá de cualquier idea racional de justicia, está convirtiendo su vida y la de muchos otros como él en una horrorosa pesadilla. Y usted, Sr. Menéndez, no puede pretender ser ajeno a ello.
Jorge Cordero, que no representa sino el paradigma que simboliza el actual estado de cosas, necesita ser rescatado del pozo en el que le han metido. Y requiere ese rescate sin duda con mucha más razón que Bankia, Nova Caixa Galica, Banco de Valencia, Cajasur, Cataluña Caixa, Caja Castilla La Mancha y quién sabe cuántas más. Y creo sinceramente que está en su mano hacerlo. Le reitero algunas de las propuestas que en ese sentido le ha hecho recientemente nuestro diputado por Asturias Gaspar Llamazares, por si no ha podido leer su carta, citando uno de sus párrafos. “No le pido que Cajastur condone indiscriminadamente las deudas hipotecarias que tienen contraídos sus clientes, pero si al menos que asuma lo postulado en la el Real Decreto-ley 6/2012 de 9 de marzo de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios, convalidado por el Congreso de los Diputados el pasado 29 de marzo, de manera que aquellos parados, como Jorge Cordero, puedan ver cancelada su deuda con la dación en pago de su vivienda, la única de la que era titular y cuya valoración era inferior a 200.000 euros”. Pero la situación es apremiante; por eso le pido que intervenga en este caso y lo haga cuanto antes.
Estoy convencido de que eso es lo que la gente, incluidos sus impositores, esperan que haga una entidad financiera que todavía no ha dejado de ser pública y que en su día tuvo un fin social, titularidad y objetivo que, aprovecho para decirle, la fuerza política que me honro en representar sigue y seguirá defendiendo.
Sin otro particular
Manuel González Orviz
Coordinador de Izquierda Unida de Asturias