La censura comienza contra FACUA
26 de agosto de 2012
El pulso entre el Gobierno de España y la asociación de consumidores FACUA, a raÃz de las campañas de aquélla contra las polÃticas de recortes, agudiza la imagen caciquil de un ejecutivo que no admite crÃticas en su contra.
La misiva del  Instituto Nacional del Consumo -dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad- insta a FACUA a detener sus reiteradas crÃticas hacia los sucesivos recortes llevados a cabo por el Gobierno so pena de perder su condición legal de asociación de consumidores, además de su exclusión del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.
A efectos prácticos, la sanción a FACUA implicarÃa, además de la previsible retirada de subvenciones, su expulsión «de todos los órganos consultivos a nivel estatal» desde los que traslada la voz de los consumidores y «la pérdida del derecho a opinar sobre normas que afecten a los consumidores en trámite de audiencia». Sin embargo, detrás de todo este asunto parece esconderse un aviso a navegantes, un diáfano mensaje que deja claro que contrariar las polÃticas del Gobierno puede tener consecuencias. En el caso de FACUA, esta advertencia se refuerza con la respuesta de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril -quien ostenta el carné del partido en el Gobierno-, a la petición de amparo solicitada por la asociación de consumidores. La señora Becerril se limita a sugerir a FACUA «que tenga a bien revisar las campañas llevadas a cabo por esta organización, por si, en algún caso, se hubiera o hubiese producido alguna actividad que no encaje, precisamente, en los fines que deben presidir las actuaciones de las asociaciones de consumidores y usuarios».
FACUA ha conseguido un importante apoyo social que muy probablemente mitigue lo que serÃa un ejercicio de censura sin precedentes en los últimos tiempos, un duro ataque a la libertad de expresión y un chantaje en toda regla. Sin embargo, otras asociaciones o grupos de ciudadanos crÃticos con las polÃticas de recortes, pero con menor base social o alcance mediático, pueden verse afectadas por similares ejercicios de censura.
Estas acciones por parte del Gobierno representan, en su conjunto, un grave sÃntoma del déficit democrático que adolece el Estado español. Como afirman desde FACUA, «si una ley dijera que no podemos criticar al Gobierno estarÃamos en una dictadura». La insistencia en esos métodos caciquiles, cuya imagen es indefectiblemente proyectada al extranjero, no deja de ser una torpeza por parte de un Gobierno que aún piensa que su mayorÃa absoluta representa una carta blanca para hacer y deshacer a su antojo. A estas alturas, el señor Presidente y sus asesores tendrÃan que saber que en el resto de Europa y Norteamérica gusta de la aplicación de recortes bajo el manto de una aparente democracia.