Ahora a especular con los alquileres
26 de agosto de 2012
Los cambios eliminan muchos de los derechos que garantizaban la protección de los inquilinos ante los caseros
La nueva ley permitirá subir los alquileres por encima del IPC si así lo acuerdan las partes
Los desalojos podrán iniciarse pasados diez días del primer impago
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha presentado en el Consejo de Ministros las líneas fundamentales del proyecto de Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas que el Gobierno presentará ante el Congreso. Como novedad, se incluye la posibilidad de deducir del alquiler las reformas y mejoras llevadas a cabo por el inquilino en el domicilio. El objetivo de la nueva ley, según la ministra, es animar el raquítico mercado del alquiler en España a través del «equilibrio» entre arrendadores y arrendatarios. Los objetivos principales de la nueva ley son los siguientes:
Hacer efectivo el desahucio exprés. El procedimiento abreviado de desahucio se aprobó entre 2009 y 2011 en una serie de reformas legislativas. Pero la saturación de los juzgados ha impedido que estas reformas fuesen realmente efectivas. La nueva ley pretende poner fin a esta situación. La medida más importante en este sentido es que, a partir de ahora, pagar la deuda no pondrá fin automáticamente al procedimiento de desahucio. La nueva ley también pretende salvar la falta de personal reduciendo de dos a uno el número de agentes judiciales necesarios para llevar a cabo el procedimiento, lo que, en principio, permitiría a los juzgados ejecutar el doble de desahucios con el mismo número de empleados. Además, el juez podrá ordenar el desahucio si el demandado no comparece, y el proceso podrá finalizarse con un auto del Juez en lugar del decreto del secretario judicial necesario hasta ahora.
Liberalizar las rentas y los contratos. Hasta ahora, las rentas debían actualizarse con base en el Índice de Precios al Consumo. La nueva ley permitirá que los nuevos contratos fijen libremente el procedimiento de actualización de rentas. También permitirá al arrendatario renunciar expresamente al derecho de adquisición preferente del inmueble que poseía en los contratos de menos de cinco años. A falta de acuerdo, este derecho seguirá en vigor. La nueva ley también reduce de cinco a tres años el plazo de prórroga obligatoria de los contratos, mientras que la prórroga tácita pasa de tres años a uno. Las fianzas también pasan a revisarse cada tres años, en lugar de cinco como hasta ahora.
Facilitar que el propietario pueda recuperar el piso. Hasta ahora, el propietario podría recuperar la vivienda para usarla como residencia habitual suya o de sus familiares únicamente si así constaba en el contrato. Con la nueva ley, el propietario podrá recobrar el inmueble en todos los casos: bastará con avisar al inquilino con dos meses de antelación.
Permitir el desahucio en caso de venta del inmueble. Hasta ahora, el comprador de un piso alquilado debía mantener el contrato existente hasta un mínimo de cinco años. A partir de ahora, la obligación solo se mantiene en los contratos inscritos en el Registro de la Propiedad. Este procedimiento, que seguirá sin ser obligatorio, ha sido poco utilizado hasta ahora por su coste y complejidad burocrática.
Ventajas para el inquilino. Hasta ahora, en los contratos por más de cinco años, el arrendatario podía desistir a partir del quinto año con un preaviso de dos meses. La nueva ley amplía la posibilidad de desistimiento a los contratos de más de tres años y reduce el preaviso a un mes. Los inquilinos podrán deducir del alquiler de un piso los gastos de las reformas
Facua alerta de que la nueva ley del alquiler «potenciará aún más la especulación inmobiliaria»
Facua-Consumidores en Acción cree que el anteproyecto de ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Viviendas que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros «potenciará aún más la especulación inmobiliaria», al facilitar el desahucio de los inquilinos que cumplen con sus obligaciones, y ha criticado que el Ejecutivo «recorta derechos» a los arrendatarios.
«Se minimizan los derechos de los inquilinos para favorecer a los especuladores y a las entidades financieras«, ha criticado en rueda de prensa el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, argumentando que «los arrendadores que quieran librarse de sus inquilinos para alquilar los inmuebles a un precio más alto» tendrán ahora vía libre.
Y es que con la normativa vigente los contratos sólo podían actualizarse al IPC durante los primeros cinco años pero, una vez se apruebe este proyecto de ley, el propietario podrá revisarlo al tercer año y «quitarse de encima al inquilino si tiene a otra persona que le ofrezca más por la vivienda o imponerle a aquél una renta muy superior».
Además, el IPC ya no será el índice de referencia para actualizar la renta cada año de vigencia del contrato, lo que «podrá traer aún más perjuicios para los inquilinos», según el portavoz de Facua, que avisa asimismo de la «gran inseguridad» que estos cambios generarán entre los arrendatarios.
NO POTENCIARÁ EL ALQUILER
Por todo ello, la asociación de consumidores duda de que esta medida vaya a servir para incrementar el mercado del alquiler y situarlo en la media europea, como alega el Ministerio de Fomento, sino que por el contrario «potenciará aún más la especulación inmobiliaria», ya que «pretende fomentar el alquiler de la misma forma que el empleo: facilitando que se eche a personas a la calle aunque cumplan con sus obligaciones».
«Y, mientras, el Gobierno sigue sin imponer a Bankia, la primera inmobiliaria del país, y al resto de bancos nacionalizados que destinen su parque de viviendas a la venta y alquiler a precios justos», ha concluido.