Privilegios en la aplicación de la Justicia
29 de noviembre de 2012
El Gobierno recupera la ley de tasas franquista
Carmen Barrera Chamorro | SecretarÃa de Acción Sindical Federación de Servicios Públicos de UGT
nuevatribuna.es
No es sólo la eliminación de los derechos laborales con la Reforma Laboral y la práctica desaparición de la negociación colectiva. Los golpes de Ley del Gobierno han ido mermando las fuerzas de la clase trabajadora, al dar todo el poder al empresario y romper ese frágil equilibrio eliminando toda protección al trabajador. A través del Código Penal han criminalizado la protesta, con multas y penas de cárcel desproporcionadas.
El Gobierno no quiere que tengamos derechos en nuestro trabajo, no quiere que protestemos, no quiere que nos movilicemos para defendernos y, por último, no quiere que hagamos valer la ley frente a quien la infringe conculcando nuestros derechos, ya sea la propia Administración Pública o una empresa, que gozan -a partir de ahora- de privilegios en la aplicación de justicia frente a nosotros. Esta cuadratura del cÃrculo en la devaluación del sistema de derechos ciudadanos de los españoles la consigue el Gobierno con la nueva Ley de Tasas.
Las tasas judiciales tienen una larga historia. Se impusieron en España en 1959 y entonces iban a parar, como complemento del sueldo, a los secretarios judiciales. Aquellas tasas franquistas las suprimió el Gobierno de Felipe González en 1986 mediante una ley que apelaba, precisamente, al derecho constitucional a obtener la tutela judicial efectiva. La norma recordaba que todos los ciudadanos deben obtener justicia «cualquiera que sea su situación económica o posición social».
En el momento de nuestra historia en que el desempleo en España es más alto, el 25,02% , reclamar por un despido en lo social costará 500 euros y en segunda instancia puede llegar a 800€. En esta jurisdicción (la social), fundamental en la defensa de derechos básicos, el trabajador o el pensionista que tenga que recurrir una sentencia desfavorable, pagará 500€. En lo civil, cualquier pleito costará 2.000 euros y bastante más sólo la demanda. En análogas cantidades se sitúa el orden contencioso-administrativo.
Es el fin del derecho del consumo (se beneficia a las compañÃas telefónicas, aéreas y demás empresas que sistemáticamente abusan de los consumidores) y de la protección contra la arbitrariedad del Estado que confiere la jurisdicción contencioso-administrativa (¿Quién recurrirá una expropiación injusta o reclamará por un error médico en la sanidad pública, teniendo que poner de su bolsillo esas cuantÃas tan elevadas?).
Es grave que la ley disponga que el Estado no pague tasas y a las empresas les resulte irrelevante tanto la tasa como cualquier otro gasto procesal (ya que se deducen tanto las tasas como el IVA de sus abogados y procuradores al 21% asà como las minutas completas de éstos), mientras la ciudadanÃa es la única que asume las tasas, el IVA, los gastos y las minutas. Ante la impunidad para el Estado y para el más poderoso, decir que volvemos a una situación preconstitucional es decir muy poco. No es exagerado plantear que está en juego el propio Estado de Derecho, cuya misma esencia es disponer de la protección de los tribunales. Ni jueces, ni fiscales, ni abogados, ni procuradores, ni secretarios judiciales, ni peritos, ni oficiales, ni auxiliares de justicia entienden esta ley.
No podemos consentir que las leyes pongan fin y coto a nuestra democracia. Tenemos que alzar nuestra voz expresando nuestra máxima repulsa. Es tarea de todos y todas.