¿Inmunidad o impunidad?
24 de enero de 2013
Pedro Luis Angosto |
nuevatribuna.es
Desde la Revolución francesa, los miembros de la Asamblea Nacional vieron la necesidad de proteger su actividad parlamentaria mediante leyes que impidiesen la venganza arbitraria del rey o, más tarde, del poder ejecutivo. Fue a principios del XX cuando el movimiento obrero logró que las constituciones democráticas recogiesen ese derecho para todos los representantes del pueblo porque era la única manera de que un parlamentario de izquierdas pudiese cumplir con sus deberes sin ser detenido, encarcelado o silenciado de forma violenta. La inmunidad parlamentaria, por tanto, fue un logro democrático de la clase obrera y de los demócratas de todo el mundo para garantizar la defensa de los intereses de los más desfavorecidos.
Pero pasó el tiempo, y lo que era un derecho fundamental fue degradándose hasta convertirse en algo parecido a un derecho de casta. No hay razón de peso alguna para que un diputado no pueda ser inculpado ni procesado por delitos comunes sin la autorización de la cámara a la que pertenezca, todo lo contrario, el diputado, como representante del pueblo, debe tener una actitud ejemplar en todo momento tanto en su actividad pública como en su actividad privada, ya no se trata de inmunidad parlamentaria, sino de impunidad, de justicia de casta.
Si el representante del pueblo traiciona al pueblo, trafica con su cargo, malversa la confianza que en él depositaron los electores, saquea la democracia, utiliza su representación para el lucro particular o de terceros, trabaja para grupos económicos determinados, no sólo no debe gozar de inmunidad de ningún tipo, sino que tiene que ser detenido, procesado y juzgado como cualquier otro ciudadano por el juzgado que corresponda, en ningún caso previa autorización de la Cámara que sea, jamás por el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, porque entonces se están dando patentes de corso a individuos que por su comportamiento inmoral y delictivo han dejado de facto de servir al interés común al utilizar su representación para defender intereses bastardos.
Vivimos un momento malo, muy malo, no cabe andarse por las ramas. A una crisis económica provocada por leyes elaboradas por polÃticos corruptos protegidos por la inmunidad parlamentaria, y por unos banqueros que deberÃan estar en la cárcel hace mucho tiempo, hay que sumar las prácticas delictivas que desde los aparatos de determinados partidos se han venido sucediendo hasta crear entramados mafiosos como los que ahogan a la Comunidad Valenciana, Madrid o Cataluña, culminando con el que estos dÃas nos aturde y avergüenza tras conocer la indecencia descomunal protagonizada por el Sr. Bárcenas y los miembros del Partido Popular que le acompañaron en su viaje. Una sociedad democrática, sana, libre y digna, no puede consentir por más tiempo que personajes de esa calaña marraneen la polÃtica y la vida pública, porque tanto de una como de otra dependen nuestro presente y nuestro futuro. Inmunidad no tiene nada que ver con impunidad, la polÃtica es sagrada y ningún maleante puede servirse de ella.
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