Retirada del fibrocemento – Texto de la Moción aprobada por el Pleno
26 de mayo de 2017
El pasado 8 de marzo la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Cámara Baja aprobó una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en la que se insta al Gobierno a, en primer lugar, “llevar a cabo una auditoría sobre la cantidad y situación de las tuberías de fibrocemento existentes en las conducciones y redes de agua potable del conjunto de España” y contó con el respaldo de todas las formaciones salvo el PP.
A partir de ahí, se procederá a “elaborar y aprobar un Plan de Eliminación de las Conducciones de Agua Potable de Fibrocemento, estableciendo un horizonte temporal a partir del cual estará totalmente prohibida la existencia de este tipo de redes perjudiciales para la salud”. Aunque no se pone fecha la iniciativa no debería superar los cinco años.
La directiva europea 2003/18/CE prohíbe sus usos y comercialización y se marca su sustitución por otros materiales dada su potencial peligrosidad en el tiempo. Debido a lo extendido de su uso, en el Real Decreto 396/2006 se establecen estrictas medidas de seguridad aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. En marzo del 2013 el Parlamento Europeo aprobó una resolución que alertaba no sólo de la prohibición sino también «del desmontaje de dichas redes de agua».
La demolición de elementos en fibrocemento que contengan asbestos (amianto) es muy peligrosa y debe estar estrictamente controlada, ya que las microfibras de asbesto inhaladas elevan enormemente el riesgo de un tipo muy concreto de cáncer de pleura llamado mesotelioma (entre otras enfermedades).
Se calcula que se superan los 40.000 kilómetros de tuberías en toda España. Es el remanente español en datos –en 2012– de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamientos (AEAS). La revolución del amianto en la segunda mitad del siglo XX sembró el país con unos 150.000 kilómetros. Hoy esos elementos de construcción están hoy prohibidos. Queda un puñado por retirar. Y el principio de precaución aconseja sustituir «de manera urgente» estas conducciones. La ley marca una excepción en instalaciones con «vida útil», considerada en 40 años de media. Casi toda la red nacional supera esa edad.
En España, partir de 2002 quedo prohibido el uso y comercialización de todo tipo de amianto en la industria del fibrocemento. Pero nos ha quedado un cuantioso legado de materiales a base de este material, sobre todo en forma de elementos constructivos. De la magnitud del problema son exponente la cantidad de chapas de uralita que a simple vista podemos observar. Sin ir más lejos, en el centro de Candás, podemos ver el ejemplo de unas naves abandonadas con su buena dosis de uralita.
Ante la falta de fechas concretas que nos sirvan de guía, el Grupo Político Municipal de Izquierda Unida de Carreño consideramos que es necesario ir actuando, y no sólo contra las tuberías, por lo tanto proponemos al Pleno para su aprobación la siguiente Moción:
1- El Ayuntamiento de Carreño iniciará en 2017 un estudio que permita localizar edificios públicos y privados y conducciones de agua que aún presenten riesgos de amianto en el concejo, elaborando posteriormente un registro y un plan de trabajo para eliminarlo y solicitar las subvenciones que la Unión Europea está concediendo para su eliminación.
2- Solicitar al Gobierno del Principado de Asturias que lleve a cabo una auditoría sobre la cantidad y situación de las conducciones de agua potable y construcciones de fibrocemento existentes en las redes de agua potable y elabore y apruebe un Plan de Eliminación que establezca un horizonte temporal a partir del cual estarán totalmente prohibida la existencia de este tipo de redes perjudiciales para la salud, buscando la colaboración de otras administraciones públicas y que pida a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que impulse convenios de colaboración entre los ayuntamientos que puedan tener infraestructuras públicas con amianto o derivados de éste.
3- Enviar este acuerdo a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.