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El diputado de IU exige la misma contundencia al Gobierno asturiano que la que está ejerciendo el extremeño

Aurelio Martín, diputado de IU en la Junta General, advirtió esta mañana que los trabajadores de Tragsatec en Asturias amenazados por un ERE, mayoritariamente veterinarios, no deben pagar las consecuencias de una política estatal que ha llevado a la empresa pública a tener una deuda de 400 millones de euros, alrededor de 200 por impagos de la Comunidad Valenciana, cuando Asturias ha cumplido con los pagos a la empresa. Este ERE, de fuerte contenido ideológico, como subrayó Aurelio Martín, pretende ir a un modelo de contratación temporal y/o subcontratación privada con un personal de alta cualificación que actualmente realiza las campañas de saneamiento ganadero. Estas declaraciones se produjeron tras reunirse con la Asociación de Veterinarios de Campañas de Saneamiento Ganadero, afectados por el ERE.

Aurelio Martín demandó al Gobierno asturiano la misma contundencia que está ejerciendo el de Extremadura que ha amenazado al Gobierno central con romper el acuerdo laboral que tiene con la empresa si no pone fin al ERE. “Ésta es la posición que IU espera del Gobierno de Javier Fernández, que si la empresa se empeña en seguir con el ERE dé por rota la relación con Tragsa y Tragsatec”, advirtió. Martín apuntó que el Gobierno asturiano no debe primar a empresas que apuesta por los despidos cuando Asturias tiene otras empresas instrumentales que pueden llevar a cabo esta labor perfectamente.

Estos veterinarios que ahora se encuentran amenazados por un ERE que podría afectar a 57 personas, como recordó Martín, protagonizaron un conflicto muy importante hace años con numerosas sentencias que dieron lugar a un acuerdo firmado por la Consejera de Medio Rural y Pesca, Servanda García, en 2005. En el mencionado acuerdo la administración del Principado manifiesta su voluntad de llevar a cabo de modo permanente, el desarrollo de actividades relacionadas con las campañas de saneamiento ganadero, mediante la formalización de los correspondientes contratos administrativos con empresas públicas o privadas y también se compromete a establecer en los pliegos de cláusulas administrativas de los contratos a que se refiere el párrafo anterior la obligación de que las empresas que resulten adjudicatarias asuman el personal afectado por el conflicto (…) con los dispuesto en la legislación de contratos de las administraciones públicas.

A juicio de Martín, “la cuestión es muy fácil: exigimos que se cumpla ese acuerdo que hoy está roto, y que costó mucho llegar a él, y por el que los trabajadores dejaron sus recursos judiciales que estaban ganando todos”.

María Jesús Díaz, portavoz de la Asociación de Veterinarios de Campañas de Saneamiento Ganadero, recordó que como veterinarios llevan trabajando desde los años 80 en el campo asturiano, alcanzando niveles de calidad por encima de la media de España. Pedimos a la Consejera, aseguró María Jesús Díaz, que cumpla el acuerdo firmado en 2005 y resaltamos que Asturias no tiene deudas con esta empresa. Tragsatec factura para el Principado alrededor de cinco millones de euros al año.