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El diputado registra una batería de preguntas sobre lanzamientos, Casa 47 y el calendario del Plan Estatal de Vivienda, al tiempo que destaca el trabajo de la Consejería de Vivienda que dirige Ovidio Zapico frente a la incertidumbre del marco estatal.

La crisis de acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales vectores de pobreza y exclusión en España, con millones de hogares atrapados entre alquileres disparados e hipotecas inasumibles y un crecimiento constante de los precios. Ante este escenario, el diputado de Sumar por Asturias, Rafa Cofiño, ha registrado hoy en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para exigir medidas concretas, datos actualizados y un calendario claro que permita garantizar el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible.

“Hemos registrado una pregunta al Gobierno para aclarar qué medidas va a impulsar frente a la crisis habitacional y para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada. Actualmente, la situación que tenemos en relación con garantizar alquileres o hipotecas produce una situación de asfixia a millones de familias y es un factor clave de pobreza y de exclusión. En este sentido, destacar que las comunidades autónomas pueden tener y deben tener un papel predominante", ha asegurado Cofiño.

El modelo de Asturias como garantía de derechos

El diputado se refiere de forma expresa al modelo que se está poniendo en marcha en Asturias por parte de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que dirige Ovidio Zapico. Así, enfatiza el parlamentario, se está "ofreciendo más parque público, facilitando los alquileres y mejorando la protección a familias vulnerables".

La batería de preguntas llega también como respuesta al nuevo escenario abierto tras tumbar PP y Vox el real decreto que prorrogaba el marco extraordinario de protección: "tenemos una gran incertidumbre respecto a qué va a ocurrir y por eso pedimos datos y claridad sobre el programa Casa 47 y sobre cuándo se aprobará el Plan Estatal de Vivienda”.

La vivienda como factor de exclusión

La iniciativa parlamentaria, registrada por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, parte de un diagnóstico claro: el acceso a la vivienda constituye uno de los principales factores de riesgo de pobreza y exclusión social en España, tal y como recoge el último Informe AROPE, que sitúa en el 25,8 % de la población a las personas en riesgo de pobreza o exclusión social. El incremento sostenido del coste del alquiler —cerca de un 40 % en la última década— ha llevado a que en determinados territorios una parte significativa de los hogares destine más de la mitad de sus ingresos al pago de la vivienda.

En su exposición de motivos, el grupo parlamentario subraya que el contexto actual responde a una dinámica del mercado residencial en la que los criterios de rentabilidad económica han prevalecido sobre la consideración de la vivienda como un bien con función social, y defiende la necesidad de una actuación pública firme y coordinada.

Texto íntegro de la batería de preguntas presentada en el Congreso por Rafa Cofiño

A LA MESA DEL CONGRESO

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumarpresenta las siguientes preguntas relativas a las medidas que va a adoptar el Gobierno frente a la crisis habitacional y para garantizar el derecho de acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El acceso a una vivienda digna y adecuada constituye uno de los principales factores de riesgo de pobreza y exclusión social en España, tal y como pone de manifiesto el último Informe AROPE, que sitúa en el 25,8 % de la población —más de uno de cada cuatro ciudadanos— a las personas en riesgo de pobreza o exclusión social. El informe identifica de forma expresa el incremento sostenido del coste de la vivienda como uno de los elementos estructurales que explican esta situación, señalando que el gasto en alquiler se ha incrementado cerca de un 40 % en la última década, hasta el punto de que en determinados territorios una parte significativa de los hogares destina más de la mitad de sus ingresos al pago de la vivienda, convirtiendo el acceso y mantenimiento del hogar en el principal vector de vulnerabilidad social.

El contexto actual responde a una dinámica del mercado residencial en la que los criterios de rentabilidad económica han prevalecido sobre la consideración de la vivienda como un bien con función social. Frente a esta situación corresponde a las administraciones públicas impulsar una actuación firme y coordinada, haciendo uso del conjunto de instrumentos normativos y de política pública a su alcance para asegurar el efectivo cumplimiento del derecho a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y asequible. La experiencia acumulada en distintos territorios evidencia que la intervención pública coordinada —especialmente cuando integra medidas de mediación, movilización de vivienda pública y garantías habitacionales alternativas— permite reducir significativamente situaciones de exclusión residencial y facilitar el acceso a la vivienda a amplias capas de la población.

Así, diversas comunidades autónomas han impulsado durante la presente legislatura políticas orientadas a reforzar la función social de la vivienda, ampliando instrumentos de intermediación pública, movilización de vivienda vacía y acompañamiento social a hogares en riesgo de pérdida de su residencia habitual. Entre ellas, cabe señalar el caso del Principado de Asturias, donde se han desarrollado con éxito actuaciones dirigidas a incrementar el parque público disponible, mejorar los mecanismos de protección frente a situaciones de vulnerabilidad y reforzar la colaboración institucional para ofrecer soluciones habitacionales efectivas, poniendo de manifiesto la relevancia de una acción pública sostenida y coordinada.

La no convalidación del Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero ha impedido la prórroga y consolidación del marco extraordinario de protección habitacional puesto en marcha por el Gobierno, dejando sin continuidad efectiva los mecanismos excepcionales destinados a prevenir situaciones de lanzamiento en hogares vulnerables. Esta situación, que agrava el actual contexto de emergencia habitacional, hace aún más imprescindible una actuación decidida del Gobierno mediante el despliegue de todos los instrumentos de intervención pública a su alcance, para proteger el interés general frente a la creciente concentración de vivienda en manos de fondos de inversión, así como poner coto a las grandes operacionesespeculativas en torno a la vivienda.

En este contexto, iniciativas como Casa 47 podrían desempeñar un papel relevante como instrumento de coordinación y movilización de recursos públicos, siempre que cuenten con una definición operativa clara y una implantación efectiva en colaboración con las comunidades autónomas. Asimismo, el retraso en la aprobación y puesta en marcha del nuevo Plan Estatal de Vivienda continúa generando incertidumbre entre administraciones territoriales y agentes sociales, dificultando la planificación de políticas públicas a medio plazo. En un escenario de agravamiento de las dificultades de acceso a la vivienda, resulta imprescindible conocer el calendario real que maneja el Ministerio de Vivienda y las medidas concretas que prevé impulsar para reforzar el parque público, mejorar la cooperación interadministrativa y traducir los compromisos asumidos en actuaciones tangibles que permitan avanzar de forma efectiva en la garantía del derecho a la vivienda.

Por todo ello, se formula la siguiente pregunta al Gobierno, interesando conocer:

1. ¿Podría el Gobierno facilitar, desagregados por comunidad autónoma, los siguientes datos relativos al mercado de alquiler y a las medidas de protección habitacional:
a) suspensiones de procedimientos de lanzamiento actualmente vigentes;
b) número de casos en los que el arrendador sea titular de una o dos viviendas;
c) estimación de lanzamientos previstos;
d) viviendas adscritas a Casa 47 u otras cuya titularidad corresponda a Patrimonio del Estado u otras entidades públicas estatales?

2. Ante el decaimiento del Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, ¿tiene previsto el Ministerio de Vivienda coordinarse con las comunidades autónomas para garantizar alternativas habitacionales efectivas a las personas que pudieran verse afectadas por la ausencia de medidas extraordinarias de protección?

3. ¿Qué papel considera el Gobierno que debe desempeñar Casa 47 en la coordinación y movilización de recursos públicos destinados a garantizar la protección habitacional de los hogares en situación de riesgo?

4. ¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Viviendaaprobar el nuevo Plan Estatal de Vivienda y proceder a su puesta en marcha, asegurando que se disponga de mecanismos suficientes para garantizar el derecho de acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible?