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María Miranda critica el rechazo a la propuesta de ayudas y reclama recuperar la iniciativa política con urgencia

Izquierda Unida de Asturias ha instado al Gobierno autonómico a asumir el liderazgo en la protección de las familias mineras y a presentar, en el plazo máximo de un mes, una ley de ayudas a víctimas de accidentes. La formación considera que esta respuesta es una obligación “ética y política ineludible” y reclama pasar de los compromisos a los hechos legislativos.

La secretaria de Organización de IU Asturias, María Miranda, ha lamentado el rechazo del Ejecutivo a la propuesta impulsada por Covadonga Tomé, calificándolo de “grave error de juicio”. “Lamentamos el rechazo del Ejecutivo a la propuesta de Covadonga Tomé y nos parece, sinceramente, un grave error de juicio”, ha señalado. En este sentido, ha recordado que también el consejero Ovidio Zapico mostró su desacuerdo y defendió la continuidad de la tramitación.

Miranda ha subrayado que el Parlamento es el espacio adecuado para corregir posibles deficiencias técnicas y construir consensos: “Ese poder legislativo que reside en el Parlamento es quien debe, a través de su trabajo y de las enmiendas, corregir también los errores técnicos que puede haber y llegar a un marco común que permita a las fuerzas de izquierda progresistas caminar en esa causa común”.

Asimismo, ha criticado la falta de justificación del rechazo a la proposición de ley: “Nos molesta como fuerza política que esa motivación llegue sin un informe económico y jurídico, que para esta fuerza política no se haya, al menos, trasladado. Por lo tanto, no comprendemos ese bloqueo de una medida que para nosotros es de justicia social”.

Finalmente, Miranda ha reclamado un cambio de rumbo inmediato por parte del Ejecutivo autonómico: “Queremos pedir que el Gobierno y la parte mayoritaria del Gobierno recupere la iniciativa política de manera urgente en este tema y que se ponga a la cabeza en la defensa de los trabajadores, de sus familias, garantizando que el compromiso con el sector minero pase de las palabras a los hechos legislativos”.