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El grupo critica la difusión previa del borrador del dictamen sin conocimiento previo de sus miembros y defiende que la comisión debe centrarse en depurar responsabilidades sin señalar a funcionarios

El grupo parlamentario Convocatoria por Asturies ha manifestado hoy su malestar por la forma en que se han dado a conocer las conclusiones preliminares del dictamen sobre el accidente de la mina de Zarréu, en el que fallecieron cinco trabajadores. Para la formación fue inapropiado que el borrador se presentara públicamente antes de ser trasladado a los grupos parlamentarios, al entender que esta práctica vulnera el funcionamiento institucional de la comisión de investigación.

Más allá de las formas, Convocatoria por Asturies considera que el contenido del documento coincide en lo esencial con el informe de la Inspección General de Servicios, aunque cuestiona la inclusión de referencias a funcionarios públicos, al considerar que puede afectar a su prestigio profesional y entrar en conflicto con criterios establecidos por el Tribunal Constitucional.

El grupo, según ha explicado su portavoz, Xabel Vegas, defiende que el objetivo de la comisión debe centrarse en la determinación de responsabilidades políticas, diferenciándolas claramente de las responsabilidades judiciales que se dirimen en los tribunales.

En este sentido, ha advertido de que la credibilidad de la institución pasa por que las conclusiones tengan consecuencias efectivas en el ámbito público.

Ante las preguntas de los periodistas, el portavoz Xabel Vegas ha reiterado que el señalamiento de funcionarios en el borrador constituye un error, al tiempo que defendió la necesidad de que la comisión no eluda su función política.

Sobre la posición del PSOE, que cuestiona la existencia de elementos suficientes para exigir responsabilidades políticas, Vegas ha marcado distancia y sostuvo que renunciar a esa tarea supondría una decepción para la ciudadanía. También ha rechazado que la existencia de un proceso judicial deba condicionar el trabajo parlamentario, al tratarse de ámbitos distintos: uno orientado a responsabilidades políticas y otro a posibles responsabilidades penales.

Respecto a los hechos investigados, a su juicio, la extracción de carbón quedó acreditada durante la investigación, aunque ha subrayado la dificultad de detectarla mediante inspecciones en explotaciones de gran complejidad.

En relación con las posibles consecuencias del dictamen, ha defendido que estas que deberán definirse tras el debate en la comisión, pero defendió que, si se confirman responsabilidades políticas, las personas afectadas no deberían continuar en sus cargos públicos, siempre dentro de los límites competenciales del propio Gobierno.

Finalmente, sobre el impacto político de una eventual discrepancia entre los grupos del Gobierno, Vegas apeló a la responsabilidad de las fuerzas mayoritarias y advirtió de que la gravedad del accidente exige una respuesta política proporcional.